A un año de la entrada en operación del nuevo modelo de justicia en Chihuahua, el Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta el reto de consolidar una institución inédita en el estado y en el país. Su presidente, el magistrado Francisco Acosta Molina, asegura que durante este primer año se construyeron las bases jurídicas, administrativas y operativas del organismo, al tiempo que se recibieron alrededor de 600 denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial.
—A un año de este nuevo modelo de justicia, ¿qué avances existen?
—Durante este primer año nos enfrentamos a un verdadero vericueto constitucional y jurídico para darle viabilidad al Tribunal de Disciplina Judicial. Hay una percepción de que somos una especie de Consejo de la Judicatura, pero no es así. Tenemos facultades, procesos y áreas completamente diferentes.
El Tribunal de Disciplina Judicial es, precisamente, un tribunal. Recibe una denuncia, lleva a cabo un procedimiento y, eventualmente, emite una sentencia. Para que todo esto pudiera funcionar necesitábamos personal, legislación, estructura administrativa, procedimientos y recursos. Nada de eso estaba creado.
Todo eso lo construimos durante este primer año. Hoy podemos decir que somos un tribunal de disciplina judicial que constituye una referencia en el país por sus procesos internos, sus áreas de trabajo y su Ley Orgánica, que resulta innovadora en distintos aspectos.
Incluso, acabamos de participar en la conformación de la Asociación Nacional de Tribunales de Disciplina y a Chihuahua le correspondió la vicepresidencia de la región. Esto demuestra que estamos consolidando una institución sólida en materia de disciplina judicial.
—Sin embargo, existe la percepción de que ha pasado demasiado tiempo sin resultados visibles. ¿Qué respondería a quienes consideran que los jueces son “los malos de la película”?
—Lo primero que puedo decir es que no existe una sola denuncia en el Tribunal de Disciplina Judicial que no haya sido atendida.
Sí podemos iniciar investigaciones de oficio contra jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, pero todo esto debe hacerse respetando principios fundamentales: secrecía, presunción de inocencia y debido proceso.
Nosotros no somos un tribunal fast track. Los tiempos del derecho disciplinario son los que establece la ley. Por ejemplo, la legislación establece que, una vez recibida una denuncia, debe solicitarse un informe y existen plazos determinados para que éste sea entregado.
La ley está diseñada de esa manera y nosotros tenemos que aplicarla. No la diseñamos nosotros; existe desde 2016.
Nos importa mucho más integrar expedientes sólidamente configurados, con todas las diligencias necesarias, que pretender actuar rápidamente y posteriormente perder un procedimiento en un juicio de amparo.
—¿Cuántas denuncias han recibido durante este primer año?
—Recibimos aproximadamente 600 denuncias y todas fueron atendidas.
Pero hay que hacer una precisión: no todo lo que se denuncia necesariamente se comprueba, ni todo lo denunciado deriva en un procedimiento disciplinario. Hay asuntos que no se acreditan.
Cuando existen elementos suficientes, el asunto pasa al procedimiento disciplinario correspondiente, que está a cargo de los magistrados que integran el Pleno. Posteriormente se emite una sentencia y ésta tiene que quedar firme para que una eventual sanción pueda hacerse efectiva.
Estamos todavía en ese proceso. Apenas hace aproximadamente tres meses determinamos cuál es la autoridad encargada de emitir las sanciones, por lo que continuamos en una etapa de consolidación institucional.
Ya tenemos la estructura, el conteo de denuncias, los procedimientos y las autoridades que participan en la emisión de sanciones. Incluso ya se han emitido algunas, pero mientras no sean firmes no podemos proporcionar información oficial sobre ellas porque podrían encontrarse todavía en litigio.
—¿Cuáles son los principales motivos de las denuncias?
—Entre 60 y 70 por ciento de las denuncias tienen que ver con abuso de funciones.
Esto significa, en términos generales, que una persona, teniendo determinadas atribuciones, realiza actos arbitrarios en el ejercicio de ellas o, incluso, lleva a cabo actos para los cuales no tiene facultades.
Hay que aclarar que una denuncia solamente constituye el señalamiento de una persona. Que alguien denuncie que un juez, magistrado, secretario, escribiente o cualquier otro servidor público actuó arbitrariamente no significa que necesariamente sea verdad. Eso debe acreditarse dentro de la investigación y el procedimiento correspondiente.
También tenemos denuncias relacionadas con hostigamiento laboral y otras faltas administrativas.
Nuestro ámbito es exclusivamente administrativo. Nosotros no investigamos delitos ni cuestiones de carácter penal. Trabajamos con el catálogo de faltas administrativas establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
—¿Cómo evalúa este primer año, particularmente porque Chihuahua modificó prácticamente todo su esquema judicial?
—Es un modelo completamente nuevo. Cambiaron los jueces, cambiaron los magistrados y, además, se creó una estructura institucional que antes no existía.
El Poder Judicial es un ecosistema. Las instalaciones incluso se llaman Ciudad Judicial porque realmente estamos hablando de una comunidad muy grande. El Poder Judicial del Estado está integrado por aproximadamente 4 mil 500 servidores públicos.
Todos los usuarios llegan con algún problema, conflicto o preocupación. Lo mínimo que podemos garantizar desde el Tribunal de Disciplina es que quienes los atienden actúen con ética y respeto.
Por eso también estamos trabajando en la parte preventiva. Estamos realizando cursos, capacitaciones, conversatorios y acercamientos con jueces, secretarios y personal en general.
Queremos evitar que los servidores públicos se desvíen de la ley. Y cuando las medidas preventivas no sean suficientes, existe el derecho de denunciar. Actualmente una persona puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina incluso desde su teléfono celular.
Nuestra lucha es permanente para que todos los servidores públicos del Poder Judicial —no solamente jueces y magistrados— desempeñen su trabajo de manera ética, confiable y profesional.
El usuario debe estar en el centro del Poder Judicial y debe recibir un trato digno.
—En los últimos meses hemos visto que diversos asuntos relacionados con el Poder Judicial se han convertido en temas mediáticos y políticos. ¿Qué genera en ustedes que estos casos sean partidizados?
—El Tribunal de Disciplina Judicial es ajeno a cualquier presión política y mediática.
Los magistrados debemos tener la serenidad para analizar los asuntos desde una perspectiva jurídica. Podemos entender que determinados casos sean de interés para la sociedad, pero eso no significa que vayamos a partidizar nuestras decisiones ni a resolver con base en intereses personales.
Tenemos principios muy claros.
Primero, la secrecía: no podemos revelar información de investigaciones en curso.
Segundo, la presunción de inocencia: no podemos emitir opiniones ni prejuzgar sobre una persona que está siendo investigada.
Y tercero, tenemos restricciones legales muy severas. La propia ley establece que revelar información relacionada con una investigación puede constituir una falta administrativa y generar responsabilidad.
Por eso no podemos decir quién está involucrado, qué diligencias se están realizando o hacia dónde va una investigación.
—¿Quién realiza las investigaciones?
—Yo estoy a cargo de supervisar, no de realizar las investigaciones.
Existe una Unidad de Responsabilidades, que tiene un titular y 14 investigadores distribuidos en el estado. Ellos realizan diariamente las diligencias correspondientes.
Yo no puedo revelar qué documentos están recabando, qué entrevistas están realizando o qué técnicas de investigación están utilizando. La investigación debe mantenerse en secrecía para garantizar que pueda llegar a un resultado y que el eventual procedimiento disciplinario esté jurídicamente blindado.
Lo que sí puedo asegurar es que cualquier situación que sea denunciada, incluyendo aquellas que tengan una fuerte presencia mediática, será atendida de una u otra forma.
El acceso al expediente corresponde al denunciante y a las autoridades que legalmente intervienen en el procedimiento.
—Además de investigar denuncias, ¿cómo se está evaluando el desempeño de los juzgadores?
—Tenemos tres áreas que dependen de la Presidencia: una dedicada a investigar, otra a evaluar y una más encargada de controlar los procesos internos.
La evaluación representa algo histórico porque, por primera vez en los aproximadamente 200 años del Poder Judicial, vamos a evaluar de manera integral a las personas juzgadoras, tanto jueces como magistrados.
En Chihuahua decidimos no limitar la evaluación a un examen de conocimientos. Estamos utilizando aproximadamente siete grandes indicadores que consideran aspectos como estadísticas, productividad y desempeño.
Por ejemplo, podemos analizar cuántas sentencias ha emitido un juzgador y cuántas de ellas han sido revocadas. Una persona puede emitir 700 sentencias, pero si todas son revocadas, evidentemente existe información que debe analizarse.
Evaluamos a 297 personas juzgadoras y fue un trabajo prácticamente diario durante 12 meses, alimentando una base de datos.
Ahora estamos entrando en la etapa de análisis. Vamos a apoyarnos también en herramientas de inteligencia artificial para realizar minería de datos y obtener una especie de ficha estadística y cualitativa de cada persona juzgadora: número y tipo de sentencias, productividad, revocaciones y otros indicadores.
Este modelo incluso ha despertado interés de otros tribunales del país. Recientemente recibimos una solicitud del Tribunal de Disciplina Judicial de Nayarit para conocer cómo estamos realizando esta evaluación.
—¿Qué ocurrirá una vez que concluyan las evaluaciones?
—No se trata de que al final digamos que todos están mal y que hay que despedirlos.
Tenemos que generar lo que denominamos estrategias de fortalecimiento interno.
El Poder Judicial actualmente está integrado por tres órganos: el Tribunal Superior de Justicia, el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Una vez que tengamos los resultados, quiero que los tres órganos podamos sentarnos y determinar qué hace falta para evolucionar hacia una mejor administración de justicia.
A mí no me interesa “tronar” a la gente, correr personas o exhibirlas. Me interesa contribuir a que el Poder Judicial sea el mejor del país.
La evaluación debe servir para fortalecer la institución, no simplemente para sancionar.
—¿Qué podemos esperar durante el segundo año de trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial?
—Me queda un año como presidente y estoy decidido a que las medidas de fortalecimiento interno que surjan de la evaluación se cumplan.
Por ejemplo, si los resultados determinan que en determinado juzgado o para determinado juzgador es necesario cumplir con cierto número de horas de capacitación en una materia específica, estaremos atentos a que esa medida se cumpla.
El Tribunal de Disciplina estará vigilando que las personas juzgadoras atiendan las estrategias de fortalecimiento que deriven de la evaluación.
No nos interesa correr gente ni quemar a nadie. Nos interesa fortalecer al Poder Judicial.
Y en eso estaremos concentrados durante este segundo año.
—Finalmente, ¿qué opina de la dimensión política que adquirió la reforma judicial?
—Yo diría: “zapatero a tus zapatos”.
Yo no soy político. La reforma judicial me obligó a salir a la calle a pedir el voto. Nunca en mi vida había hecho algo de esa naturaleza y mucho menos con esa magnitud.
Ser magistrado significó recorrer todos los rincones del estado para explicar por qué quería ocupar el cargo. Para muchas personas era difícil entender qué hacía un magistrado y, particularmente, qué hacía un magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, porque esa institución nunca había existido.
A eso nos enfrentamos.
Ahora nuestra responsabilidad es concentrarnos en la disciplina judicial. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo y los políticos deben hacer el suyo.
Zapatero a tus zapatos.
