El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua emitió un posicionamiento público para reafirmar sus competencias legales en materia de responsabilidades administrativas y penales, en el contexto de la causa abierta contra el exgobernador Javier Corral Jurado.
El pronunciamiento surge a partir del proceso en el que se le señala por la presunta comisión del delito de peculado agravado, previsto en el Código Penal del Estado, por un monto de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales. El caso, señalaron, es relevante para delimitar las atribuciones entre los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como entre los esquemas nacional y local de fiscalización.
Durante la sesión del Comité, realizada en las instalaciones del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela sostuvo que la carpeta de investigación relacionada con el monto señalado continúa bajo competencia estatal, pese a la resolución emitida por un órgano colegiado.
Valenzuela afirmó que la instancia a su cargo defenderá la atribución local para continuar con la investigación y aseguró que se protegerán los intereses de la ciudadanía. “Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la víctima, que son los chihuahuenses”, expresó, al señalar que la Secretaría de Hacienda estatal figura como parte afectada al ser la encargada de administrar los recursos públicos del estado.
El Comité reiteró que la definición clara de competencias es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la ley y la rendición de cuentas en casos relacionados con el manejo de recursos públicos.
