Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.– El Gobierno de México informó que existen 130 mil 178 personas desaparecidas o no localizadas entre 2006 y 2026, dentro de un registro histórico que acumula 394 mil 645 casos desde 1952.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó los datos en conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde detalló que del total histórico, 262 mil 111 personas han sido localizadas (66%), y de ellas el 92% con vida. Además, en el 96% de los casos la localización no está vinculada a la comisión de un delito.

Radiografía del problema

Los casos recientes (2006-2026) se dividen en tres grupos:

  • 46,742 registros (36%) con datos insuficientes.
  • 40,308 casos (31%) con indicios de actividad posterior.
  • 43,128 casos (33%) sin actividad registrada.

De este último grupo, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil son simples reportes sin indagatoria formal.

Figueroa Franco explicó que antes de la reforma de 2025 se permitía subir casos sin información mínima, lo que derivó en registros con nombres genéricos como “Menor NN” o “El Cuate”, dificultando las búsquedas.

Depuración del registro

Para mejorar la certeza, el gobierno implementó un cruce con registros administrativos como el INE, Registro Civil, SAT y compañías telefónicas. Con este método se detectaron personas reportadas como desaparecidas que posteriormente realizaron trámites oficiales, se casaron o registraron hijos.

Gracias a este proceso, 5,269 personas fueron ubicadas y cambiaron su estatus a localizadas. Además, de octubre de 2024 a la fecha se han localizado 31,946 personas como parte de la estrategia de búsqueda y actualización del registro.

Hallazgos clave

  • De cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 66 son localizadas.
  • De las localizadas, 92 de cada 100 están con vida.
  • En 96 de cada 100 casos no hay delito asociado.

Reformas legales

El gobierno federal subrayó que las nuevas disposiciones obligan a contar con datos mínimos de identidad desde el primer reporte, así como la apertura inmediata de carpetas de investigación, con el fin de dar mayor certeza a las familias y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.