Chihuahua, Chih.- El senador Javier Corral Jurado anunció este martes 2 de junio que desistió de la impugnación presentada contra la resolución de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual había determinado el no ejercicio de la acción penal en torno al intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en el bar Gin Gin de la capital del país.
La decisión fue comunicada mediante un escrito conjunto firmado por el legislador y el despacho Schütte & Delsol Abogados, quienes señalaron que el objetivo es evitar que el caso siga siendo utilizado con fines políticos y mediáticos.
Antecedentes del caso
Aquella noche de agosto, Corral fue localizado en el bar Gin Gin por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, quienes intentaron detenerlo. La intervención de autoridades capitalinas frustró la acción y, tras la denuncia del exgobernador por conflicto competencial, la Fiscalía de la CDMX resolvió que no había delito qué perseguir contra las autoridades chihuahuenses.
Posteriormente, el senador presentó una impugnación al considerar que la gobernadora María Eugenia Campos Galván había incurrido en privación ilegal de la libertad y otros delitos. Esa acción derivó en que una jueza penal citara a la mandataria, lo que generó polémica debido a su condición de fuero.
Argumentos de la defensa
En el comunicado, la defensa de Corral acusó a la gobernadora de actuar con “doble rasero”: en la Ciudad de México habría presentado el proceso como persecución política, mientras que en Chihuahua lo habría mostrado como prueba de exoneración. Por ello, el senador afirmó que no contribuirá a lo que calificó como una “campaña de victimización mediática y manipulación política”.
Investigaciones abiertas
El desistimiento no implica el cierre total del expediente. Según el despacho, continúan abiertas investigaciones en la Fiscalía General de la República sobre presuntos delitos cometidos contra Corral, relacionados con lo que describieron como un “actuar concertado e ilegal” de autoridades ministeriales, judiciales y del Poder Ejecutivo de Chihuahua.
El comunicado concluyó con un llamado a investigar “a fondo los dos lados”: tanto las acusaciones contra la administración de Corral como el presunto uso faccioso de las instituciones estatales por parte de la actual administración, siempre bajo respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
