La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, endureció su discurso contra el Gobierno federal al acusar que la administración de la 4T protege a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante sus declaraciones, Campos advirtió que se opone a cualquier intervención extranjera en México, pero subrayó que, de ocurrir, la responsabilidad recaería directamente en el Gobierno federal.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto de confrontación con la federación, a la que la mandataria acusa de negarse a atender solicitudes relacionadas con personajes como Rubén Rocha Moya, entre otros vinculados con la 4T.
Con este nuevo posicionamiento, la gobernadora eleva el tono de la disputa política, colocando el tema del “narcogobierno” en el centro de la discusión pública.
