Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.– En el marco del debate legislativo sobre la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la diputada federal por Chihuahua, María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, defendió el modelo de inversión estatal y presentó una reserva para proteger a municipios y entidades federativas de compromisos financieros centralizados.
Críticas al plan federal
El dictamen impulsado por la mayoría de Morena contempla una inversión de 5.6 billones de pesos hacia 2030, pero Granados advirtió que el proyecto enfrenta retrasos y riesgos por la concentración de decisiones en el Gobierno Federal. Señaló que el esquema otorga un papel central al Consejo de Planeación Estratégica, sin contrapesos ni mecanismos de revisión independiente, lo que genera incertidumbre en la asignación de contratos.
“La ambición del plan es buena, pero la claridad de sus reglas es insuficiente”, expresó desde tribuna, al subrayar que la caída del 28.4% en la inversión pública durante 2025 exige reglas claras y certidumbre jurídica.
Reserva rechazada
La legisladora propuso modificar el artículo 80 del dictamen para fortalecer el federalismo y garantizar que los convenios de colaboración no comprometan recursos locales sin autorización expresa. Sin embargo, su reserva fue rechazada por mayoría de 359 votos contra 80.
Defensa del modelo Chihuahua
Granados destacó que el modelo de Chihuahua demuestra que es posible impulsar el desarrollo con orden, planeación y coordinación efectiva entre sectores, basado en la confianza en la inversión y el respeto a los recursos públicos.
“Esta reserva es por Chihuahua, por los municipios, por las entidades federativas de México y por un federalismo verdadero”, afirmó.
Aprobación del dictamen
Finalmente, el bloque de la 4T logró aprobar la nueva ley y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pese a las advertencias de la diputada panista sobre los riesgos de comprometer a estados y municipios con cargas financieras no autorizadas.
