En un duro señalamiento contra la procuración de justicia de la administración estatal anterior, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo “Bayo” Valenzuela, presentó dos denuncias penales por presunto encubrimiento y obstrucción del servicio público. El fiscal sostiene que se dejaron prescribir, de manera premeditada, decenas de expedientes que involucran un desfalco millonario.
La acusación apunta a que la inacción institucional permitió que investigaciones clave de los llamados “Expedientes X” quedaran sin posibilidad de sanción.
El recuento de la impunidad
Tras un análisis de las carpetas heredadas, la Fiscalía Anticorrupción detectó que el tiempo para actuar legalmente se agotó “en el escritorio” de los funcionarios encargados:
23 carpetas de investigación fueron dejadas en el olvido hasta su prescripción.
171 millones de pesos es el daño estimado al erario que ya no podrá ser recuperado por la vía penal en esos casos específicos.
Denuncias perdidas: 6 querellas de la Secretaría de la Función Pública y 17 de la Auditoría Superior del Estado (ASE) fueron detectadas en estado de prescripción o a punto de caducar.
¿Justicia selectiva y testigos protegidos?
Valenzuela cuestionó si durante el periodo pasado se aplicó una “justicia a la carta”. Entre los hallazgos más polémicos, destacó que en varios de estos expedientes aparece un exsecretario de Hacienda que, en su momento, fue catalogado como “testigo protegido”, una figura que —según la denuncia— pudo haber sido utilizada para favorecer la impunidad.
“¿Se aplicó la justicia de manera selectiva?”, cuestionó el Fiscal, señalando que las omisiones detectadas impidieron que investigaciones por montos millonarios derivaran en sanciones administrativas o penales.
Acciones Legales
Las nuevas denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) buscan fincar responsabilidades contra los exfuncionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Servicio Público que habrían permitido que estos casos murieran legalmente.
Puntos clave de la denuncia:
Encubrimiento por favorecimiento: Ayudar a los implicados al no dar seguimiento a las pruebas.
Obstrucción de la justicia: Bloquear el cauce legal de las denuncias presentadas por órganos fiscalizadores.
Daño Patrimonial: El perjuicio directo a las arcas de Chihuahua al no poder sancionar el desvío de recursos.
