Chihuahua, Chih. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, cuestionó la impugnación promovida por Morena contra la reforma electoral de Chihuahua que contempla la nulidad de una elección cuando se acrediten vínculos entre candidatos o partidos políticos y la delincuencia organizada.
Acompañado por la diputada Rocío González y representantes de la dirigencia estatal panista, Chávez defendió la legislación aprobada por el Congreso local, al señalar que se trata de una medida diseñada para fortalecer la legalidad electoral y evitar la infiltración del crimen organizado en los espacios de poder.
El legislador sostuvo que la reforma busca garantizar que los procesos democráticos se desarrollen libres de cualquier influencia de grupos delictivos y aseguró que la disposición aplica para todas las fuerzas políticas sin excepción.
Durante su posicionamiento, el coordinador panista afirmó que uno de los objetivos centrales de la norma es impedir que Chihuahua enfrente escenarios de gobernabilidad similares a los que, dijo, se viven en otras entidades afectadas por la presencia del crimen organizado.
Asimismo, calificó como preocupante la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el recurso pretende eliminar un mecanismo de control que fortalece la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones.
Chávez defendió además la constitucionalidad de la reforma, argumentando que no limita derechos políticos, sino que protege el derecho de la ciudadanía a participar en procesos electorales libres de violencia e injerencia criminal.
También aseguró que la modificación legal fue aprobada mediante un proceso legislativo apegado a la normativa vigente y sin irregularidades en su integración o votación.
Finalmente, hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte para que mantengan la validez de la legislación aprobada por el Congreso de Chihuahua y permitan que continúe vigente el mecanismo de nulidad electoral relacionado con posibles nexos entre actores políticos y grupos delictivos.
