Autoridades federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios —en activo y retirados— por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.
El caso fue anunciado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, quienes detallaron que los acusados habrían conspirado para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo político.
De acuerdo con la acusación, los implicados —entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil— desempeñaron distintos roles dentro de una estructura que presuntamente protegía las operaciones del grupo criminal, proporcionando información confidencial, evitando detenciones y permitiendo el traslado de drogas.
Las autoridades estadounidenses señalan que los acusados habrían colaborado principalmente con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Según el expediente, esta organización ha sido responsable de distribuir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Entre los señalamientos más graves, se acusa a algunos funcionarios de participar directamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y homicidios. En particular, Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
Las investigaciones sostienen que el propio Rubén Rocha Moya habría recibido apoyo del grupo criminal durante su campaña electoral, y que posteriormente habría facilitado sus operaciones desde el gobierno estatal.
El caso quedó a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que las autoridades indicaron que todos los acusados se encuentran presuntamente en México.
Funcionarios estadounidenses subrayaron que estas acusaciones forman parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra integrantes del Cártel de Sinaloa, en los que se ha imputado a más de 30 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Las autoridades recalcaron que los cargos son acusaciones formales y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
