La fiscalización de los recursos públicos destinados a las universidades autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez forma parte de una revisión nacional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que examinó el manejo de recursos federales transferidos a instituciones públicas de educación superior durante el ejercicio fiscal 2024.
El tema adquiere relevancia porque las universidades públicas administran presupuestos provenientes de aportaciones federales, estatales e ingresos propios, por lo que están sujetas a obligaciones de comprobación, transparencia y rendición de cuentas, aun cuando cuentan con autonomía para gobernarse y administrar su patrimonio.
De acuerdo con el informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024, se practicaron 35 auditorías integrales a universidades públicas estatales. El universo de recursos seleccionado ascendió a 116 mil 528.9 millones de pesos, mientras que la muestra auditada alcanzó 103 mil 636.9 millones, equivalente al 88.9 por ciento del total.
A escala nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó, a partir de los resultados de fiscalización publicados en febrero de 2026, un monto de 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades en instituciones públicas de educación superior, todavía sujeto a los procedimientos de aclaración correspondientes.
Universidad Autónoma de Chihuahua: 85.2 millones de pesos sin documentación comprobatoria
En el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría número 646, correspondiente a los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales.
El informe establece que la institución recibió recursos fiscalizables por mil 405 millones 756 mil 900 pesos, de los cuales la ASF revisó mil 356 millones 125 mil 400 pesos, equivalentes al 96.5 por ciento del universo seleccionado.
La principal observación se concentra en 85 millones 252 mil 947 pesos que quedaron pendientes de aclaración, debido a transferencias realizadas a organizaciones sindicales de la universidad sin contar, inicialmente, con documentación suficiente que acreditara el destino y ejercicio de esos recursos.
De acuerdo con el informe, los movimientos involucraron:
– 79 millones 627 mil 972 pesos transferidos al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
– 15 millones 833 mil 700 pesos transferidos al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad.
Los recursos estaban relacionados con conceptos como fideicomisos de jubilación, fideicomiso académico, seguros de vida, primas, despensa, antigüedad y fondos de ahorro.
Durante el proceso de fiscalización, la universidad presentó documentación que permitió acreditar la procedencia de pagos por 10 millones 208 mil 765 pesos; sin embargo, la ASF consideró que permanecían sin justificación suficiente los 85 millones 252 mil 947 pesos restantes.
Por esta razón, el órgano fiscalizador emitió un pliego de observaciones y presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por esa cantidad, más las cargas financieras correspondientes.
Otras irregularidades administrativas
La revisión también identificó deficiencias en la integración de expedientes laborales, particularmente porque no se encontraron los formatos de compatibilidad de empleo de 50 trabajadores.
Este señalamiento derivó en una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el órgano interno de control de la universidad investigue las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Asimismo, la ASF detectó deficiencias en la verificación de obligaciones fiscales y de seguridad social de proveedores y contratistas. En particular, señaló que no se cotejaron determinadas opiniones de cumplimiento del SAT y del IMSS.
También identificó que una obra correspondiente a la tercera etapa de construcción de aulas del edificio de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, en el campus II, no había sido registrada en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción del IMSS, situación que motivó una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Es importante señalar que la auditoría reconoció que la universidad acreditó posteriormente los pagos a ocho trabajadores cuyos perfiles laborales habían sido cuestionados inicialmente, por un monto de 3 millones 239 mil pesos.
En el balance general, la ASF determinó 17 resultados: 12 sin irregularidades, uno solventado antes de la emisión del informe y cuatro que dieron lugar a una promoción de comprobación fiscal, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
La auditoría calificó el sistema de control interno de la UACH con 70 puntos de 100, ubicándolo en un nivel alto, y consideró que la institución realizó un ejercicio razonable de los recursos, con las salvedades señaladas.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: 88.3 millones de pesos pendientes de aclaración
Una situación distinta se presentó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde la ASF practicó la auditoría número 647.
En este caso, el universo de recursos seleccionado ascendió a mil 621 millones 438 mil 100 pesos, de los cuales se revisaron mil 464 millones 142 mil 700 pesos, equivalentes al 90.3 por ciento.
El resultado de la fiscalización estableció 88 millones 352 mil 397 pesos pendientes de aclaración, derivados principalmente de deficiencias en la comprobación de adquisiciones de medicamentos, material médico quirúrgico, servicios hospitalarios y servicios de seguridad privada.
Medicamentos sin evidencia suficiente de recepción y distribución
Uno de los hallazgos más importantes corresponde a la adquisición de medicamentos mediante contratos con las empresas Futufarma, S.A. de C.V., y Apdam, S.A. de C.V.
Las operaciones representaron 43 millones 749 mil pesos. Aunque existían comprobantes fiscales que respaldaban los pagos, la universidad no presentó documentación suficiente para acreditar la recepción y almacenamiento de los medicamentos, el cumplimiento de las especificaciones contractuales ni su entrega a los beneficiarios o áreas correspondientes.
La ASF consideró que esta falta de documentación impedía comprobar adecuadamente el destino final de los recursos y emitió un pliego de observaciones por el monto total de la operación.
Adicionalmente, detectó deficiencias en la acreditación de las obligaciones de seguridad social del proveedor Apdam, particularmente por no contar en el expediente con la opinión de cumplimiento correspondiente ante el IMSS.
Material quirúrgico sin respaldo documental suficiente
Otro señalamiento involucra el pago de 3 millones 153 mil 736 pesos a una persona física por concepto de adquisición de material médico quirúrgico.
La revisión determinó que no se presentó documentación con el desglose y las especificaciones del material adquirido, ni evidencia que permitiera relacionar los insumos con recetas médicas o intervenciones quirúrgicas realizadas para trabajadores y derechohabientes de la institución.
Por este motivo, se emitió otro pliego de observaciones para aclarar el ejercicio de esos recursos.
Servicios médicos y hospitalarios por 31.7 millones de pesos
La auditoría también puso bajo observación el convenio de prestación de servicios médicos y hospitalarios celebrado con motivo de un acuerdo de 2013 y su correspondiente acuerdo de conformidad de enero de 2024.
La UACJ erogó 31 millones 780 mil 146 pesos por estos servicios; sin embargo, la ASF señaló que no encontró evidencia documental suficiente para acreditar que la atención médica y hospitalaria efectivamente se hubiera proporcionado a los trabajadores y sus derechohabientes.
También observó la ausencia de padrones mensuales actualizados de empleados y beneficiarios, con sus respectivas altas y bajas, así como de las tarifas de costos de los servicios.
El órgano fiscalizador emitió un pliego de observaciones por el monto total de este concepto.
Seguridad privada: 9.6 millones de pesos bajo observación
Un cuarto señalamiento corresponde al contrato 131-2023, celebrado con la empresa Alas 5k, S.A. de C.V., para prestar servicios de vigilancia durante 2024.
El monto máximo adjudicado fue de 15 millones 243 mil pesos, mientras que los pagos realizados con recursos federales y participaciones federales ascendieron a 9 millones 669 mil 465 pesos.
La ASF encontró que no existía documentación suficiente para acreditar los trabajos realizados conforme a las condiciones del contrato. Además, el proveedor no acreditó contar con trabajadores registrados ante el IMSS, por lo que tampoco pudo comprobarse que dispusiera del personal necesario para prestar el servicio.
La observación derivó en otro pliego por 9 millones 669 mil 465 pesos, más las cargas financieras correspondientes.
Deficiencias en control interno y responsabilidades administrativas
A diferencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la evaluación del sistema de control interno de la UACJ arrojó una calificación de 24 puntos de 100, ubicada por la ASF en un nivel bajo.
El organismo fiscalizador consideró que los mecanismos existentes no estaban suficientemente integrados a los procesos institucionales y que era necesario fortalecer la administración de riesgos, la supervisión y los controles sobre el manejo de recursos.
También detectó que 50 expedientes de trabajadores carecían de los formatos de compatibilidad de empleo. La Contraloría General de la propia universidad inició procedimientos de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas.
En materia de proveedores, se identificaron deficiencias en la presentación de opiniones de cumplimiento fiscal y de seguridad social. La universidad informó a la ASF que había iniciado investigaciones administrativas al respecto.
En total, la auditoría registró 21 resultados: diez sin irregularidades, cinco solventados antes de la emisión del informe y seis que generaron dos recomendaciones y cuatro pliegos de observaciones.
Un dato relevante es que, en sus comentarios al informe, la universidad presentó documentación mediante el oficio UACJ-CG-042/2026, fechado el 16 de enero de 2026. Sin embargo, la ASF determinó que los elementos entregados no tenían la suficiencia documental necesaria para justificar seis resultados identificados con los números 1, 12, 13, 14, 18 y 21.
Por tanto, los señalamientos permanecieron como no atendidos en el informe definitivo.
La auditoría también reconoció aspectos favorables: la UACJ reportó oportunamente sus informes trimestrales y logró ejercer la totalidad de los recursos federales seleccionados para fiscalización al 31 de marzo de 2025. No obstante, ello no eliminó las observaciones relacionadas con la comprobación de servicios, adquisiciones y controles administrativos.
Chihuahua frente al contexto nacional
Los resultados de las dos universidades chihuahuenses deben analizarse dentro de un contexto nacional de creciente fiscalización sobre las instituciones públicas de educación superior.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su investigación publicada el 13 de mayo de 2026, denominada Irregularidades en el gasto de educación superior, identificó 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades en las instituciones educativas revisadas por la ASF en la Cuenta Pública 2024.
El organismo señaló que, pese al incremento en las auditorías, persisten deficiencias en los sistemas de control, comprobación del gasto y supervisión de las nóminas y contrataciones.
Autonomía universitaria no significa ausencia de fiscalización
Los resultados de la ASF también reabren la discusión sobre los alcances de la autonomía universitaria y las responsabilidades que tienen las instituciones públicas cuando administran recursos provenientes de la Federación.
La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, garantiza la capacidad de las instituciones para gobernarse, determinar sus planes y programas académicos y administrar su patrimonio. Sin embargo, no las exime de cumplir las disposiciones presupuestales, contables y administrativas aplicables al ejercicio de recursos públicos federales.
En ese sentido, las observaciones detectadas en Chihuahua no deben interpretarse automáticamente como la acreditación de un desvío de recursos o de la comisión de delitos. Los pliegos de observaciones representan presunciones de daño patrimonial que deben ser aclaradas mediante los procedimientos legales correspondientes.
Lo que sí evidencian los informes es la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, la supervisión de contratos, la comprobación de servicios y la documentación del destino de los recursos.
La diferencia entre ambas instituciones también merece atención: mientras la UACH obtuvo una evaluación de control interno de 70 puntos, la UACJ alcanzó apenas 24. Aunque las dos presentan montos pendientes de aclaración similares, las causas y características de sus observaciones son distintas.
La pregunta pendiente: ¿quién responde por los recursos?
Más allá de las cifras, los informes plantean interrogantes sobre la actuación de las contralorías universitarias, las áreas administrativas y los funcionarios responsables de autorizar, supervisar y comprobar el ejercicio presupuestal.
En la UACH, el principal señalamiento se concentra en las transferencias a organizaciones sindicales sin documentación suficiente para justificar el destino de los recursos. En Ciudad Juárez, las observaciones abarcan adquisiciones de medicamentos, servicios hospitalarios, material quirúrgico y contratación de seguridad privada.
En ambos casos, corresponde dar seguimiento a las acciones promovidas por la ASF, determinar si las universidades presentan documentación suficiente y, en su caso, establecer las responsabilidades administrativas o resarcitorias que procedan.
El escrutinio público también debe considerar que se trata de recursos destinados a instituciones cuya función esencial es garantizar educación superior, investigación y formación profesional. Por ello, cada peso que no pueda justificarse documentalmente representa un asunto que debe esclarecerse ante la sociedad.
La autonomía universitaria es una garantía para la libertad académica y el desarrollo institucional, pero la rendición de cuentas es una obligación frente a los ciudadanos que financian la educación pública.
