Uso de pozos profundos en acuíferos sobreexplotados para cultivos de alto consumo de agua
Sobrevolar el desierto chihuahuense, entre los municipios de Chihuahua y Ahumada, ofrece un panorama de altos contrastes: grandes superficies con poca o escasa vegetación, dunas de arenas blancas y amplios “oasis” donde pareciera que el agua no falta, ahí donde la producción de algodón, maíz forrajero, alfalfa y nogal le dan al estado los primeros lugares en producción, pero de manera absurda acaban con el recurso hídrico.
Hoy se debate reformar la Ley General de Aguas Nacionales, en un intento de regularizar y garantizar el derecho al agua, pero la historia reciente señala que la autoridad ignora, oculta y hasta es complice del uso indiscriminado de concesiones para la perforación y extracción de agua del que son responsables pequeños y grandes productores agrícolas.
En un análisis superficial realizado con las herramientas que ofrece el programa Google Earth, se puede observar la transformación de al menos 178 mil 876 hectáreas de desierto en tierras de cultivo, con la mejor tecnología de riego a través de “pivotes” que cubren cultivos principalmente de algodón, alfalfa y maíz forrajero, cultivos de alto consumo de agua.
En las comunidades identificadas como rancho El Barreal, Número Uno, La Fortuna, El Agate, Providencia, El Mezquite, entre otras, se puede observar el progreso que ha traído el uso de estas técnicas de siembra y riego, pero que desafortunadamente no existen registros de autorizaciones de cambio de uso de suelo o al menos para la perforación de pozos en una zona veda.
Se secan los acuíferos
De los 61 acuíferos que corresponden al estado de Chihuahua, más de la mitad se encuentra en condiciones de sobreexplotación, 23 de ellos colapsados por la extracción que, en promedio total, es del 84 por ciento más de lo que logran recargar anualmente.
Los datos más actuales de la Comisión Nacional del Agua, establecen que los mantos freáticos tienen en conjunto una recarga media al año de tres mil 899 hectómetros cúbicos, pero se les extraen seis mil 556 hectómetros cúbicos (hm3), un déficit anual de tres mil 312 hm3.
El estado enfrenta un déficit de aguas superficiales grave por sus condiciones climáticas, lo que ha llevado a agudizar la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
En la superficie analizada en los municipios de Chihuahua y Ahumada, se encuentran los acuíferos Conejos-Médanos, Samalayuca, Flores Magón-Villa Ahumada y El Sauz-Encinillas, todos ellos con una sobreexplotación alarmante.
Otro de los que muestra mayor desbalance es el manto de la Laguna de Tarabillas, en la parte central de la entidad, entre Ahumada y la capital, muestra un déficit de 287 hm3, dado que son extraidos 323.5 hm3 y tiene una recarga estimada de apenas 36.4 hm3.
Los datos de 2020 y 2021 de la Conagua, expuestos en el análisis, muestran una gran disparidad entre el volumen concesionado, la extracción efectiva, la recarga anual estimada y la cantidad de hectáreas agrícolas de cada región, lo que resulta en balances deficitarios de los acuíferos, principalmente en 23 de estos, que abarcan las grandes regiones productivas de Chihuahua.
Permisos ilegales para perforación de pozos
En Chihuahua, los barzonistas acusan a los menonitas de retener el agua para sus comunidades, afectando a productores agrarios, y de recurrir a permisos falsos para perforar pozos en zonas protegidas por el decreto que, en marzo del 2014, expidió el gobierno federal para prohibir más perforaciones en 43 de los 61 acuíferos de Chihuahua.
La Comisión Nacional del Agua emprendió, desde el año 2015, acciones de clausura de pozos ilegales, aunque en ocasiones sus inspectores han sido amenazados, retenidos y detenidos por los afectados. La Secretaría de Agricultura del estado estima que en Chihuahua hay aproximadamente 500 pozos perforados clandestinamente, en zonas que eran de pastoreo y hoy son campos de maíz para la producción de etanol.
El 5 de abril de 2013 el entonces presidente Enrique Peña Nieto firmó ocho decretos para suspender el libre alumbramiento de las aguas nacionales en 333 acuíferos, poco más de la mitad de los que hay en el país. Es decir, a partir de esa fecha, quedaba prohibido hacer pozos para extraer agua en las zonas donde aún era posible hacerlo sin necesidad de contar con una concesión federal previa.
Esos decretos señalaban que aquellas personas que, antes del 5 de abril de 2013, contaran con pozos construidos en estas zonas tenían 60 días para registrar la obra. A quienes realizaran ese trámite se les entregaría una constancia de registro de libre alumbramiento, documento que se conoce como Folio 8.
Los decretos también señalaban que la Conagua no podía entregar nuevos títulos de concesión para aprovechamiento de agua en esas zonas hasta que se contara con un “instrumento jurídico”, un reglamento, que permitiera administrar y hacer uso sustentable del agua.
Hasta diciembre de 2019, siete años después de los decretos, aún no existía ese reglamento, por lo que, en teoría no podían entregarse nuevos títulos para esas zonas. Sin embargo, se entregaron.
En el estado de Chihuahua operan actualmente más de 3 mil 500 extracciones irregulares de agua, advirtió el director local de la Comisión Nacional del Agua, Román Alcántar Alvídrez, quien señaló que la problemática ha agravado debido a vacíos legales y a la existencia de un mercado negro donde el metro cúbico llega a venderse hasta en 20 pesos, según información publicada en El Diario de Chihuahua el 19 de noviembre del 2025.
