La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso del Estado de Chihuahua deberá reformar su marco normativo electoral para armonizarlo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mandato del máximo tribunal exige legislar en materia de nepotismo electoral y formalizar la injerencia extranjera como una causa legal para la nulidad de una elección.
Durante la resolución, el Pleno de la Corte validó una disposición de alta relevancia para la integridad de los comicios: la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten hechos de delincuencia permanente o sistemática. Para que la autoridad judicial declare la invalidez del proceso por este motivo, los actos criminales deberán comprobarse como graves, dolosos y determinantes para el resultado final en las urnas.
En materia de derechos político-electorales, los ministros invalidaron las reglas locales que permitían castigar a personas aspirantes, precandidatas o candidatas por actos ilícitos cometidos por terceros. La Corte argumentó esta decisión bajo el principio jurídico de que ninguna persona puede ser sujeta a responsabilidad por conductas ajenas a su control o participación directa.
Asimismo, la SCJN declaró inconstitucional la imposición de la pérdida automática del derecho a ser registrada como candidata o la cancelación inmediata de dicho registro. Tras esta resolución, la autoridad electoral correspondiente estará obligada a realizar un análisis exhaustivo de las circunstancias particulares de cada caso para garantizar que la imposición de cualquier sanción sea estrictamente proporcional a la infracción cometida.
Este fallo establece directrices claras para el legislativo chihuahuense, fortaleciendo las garantías de debido proceso para los contendientes y blindando los procesos electorales contra la intervención del crimen organizado y factores externos.
