La presidenta señaló presuntas irregularidades en contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos y pidió revisar las contrataciones realizadas durante la gestión de Lorenzo Córdova.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere una revisión profunda de sus procedimientos administrativos y financieros, luego de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales.
Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria cuestionó la consigna “el INE no se toca”, utilizada anteriormente para defender la autonomía del organismo, al considerar que no debe servir como argumento para impedir investigaciones sobre posibles actos de corrupción.
Sheinbaum sostuvo que durante varios años habría operado una red de empresarios vinculados con funcionarios electorales, a la que calificó como una presunta “mafia electoral”, por lo que insistió en la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos.
Los señalamientos surgieron después de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentara una investigación sobre empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
De acuerdo con la información expuesta por la funcionaria federal, dichas compañías obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante operaciones con el INE y organismos públicos locales electorales.
La presidenta señaló que una parte importante de estas contrataciones se realizó durante el periodo en que Lorenzo Córdova Vianello encabezó el instituto, por lo que cuestionó que las autoridades electorales de entonces no establecieran mecanismos suficientes para evitar la concentración de contratos entre determinados proveedores.
Asimismo, consideró que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tendrían antecedentes desde finales de la década de 1990 y se habrían fortalecido después de la reforma electoral de 2014.
Ante este panorama, Sheinbaum solicitó a los actuales consejeros del INE revisar los procesos de licitación, establecer precios de referencia y verificar que las empresas contratadas tengan la capacidad técnica y operativa necesaria para suministrar los materiales electorales.
También planteó que los organismos electorales estatales adopten mecanismos de transparencia que permitan vigilar el destino de los recursos destinados a la organización de elecciones.
La mandataria señaló que corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, a la Fiscalía General de la República (FGR), determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por las contrataciones señaladas.
Además, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con la intención de ampliar su participación en la elaboración de boletas y otros materiales electorales de cara a los comicios de 2027.
Finalmente, insistió en que el organismo electoral debe garantizar procesos de contratación transparentes y evitar que los recursos públicos destinados a las elecciones queden concentrados en un grupo reducido de empresas.
