La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir este martes la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y cuestionado por legisladores de oposición, quienes acusaron que la reforma implicaba una confiscación de ahorros.
El proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz propone desestimar las impugnaciones presentadas contra la modificación legal publicada el 30 de abril de 2024, mediante la cual fueron transferidos al fondo 24 mil 238 millones de pesos provenientes de alrededor de 260 mil cuentas inactivas administradas por las Afores.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue diseñado para complementar las jubilaciones de trabajadores cuyos ingresos se encuentren por debajo del promedio de cotización establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los legisladores que recurrieron la reforma argumentaron que durante su aprobación se cometieron irregularidades en el procedimiento legislativo y sostuvieron que el traslado de los recursos constituía una medida expropiatoria.
Sin embargo, la propuesta de la ministra Ortiz considera que dichos argumentos parten de una interpretación incorrecta, al señalar que la propiedad de los recursos permanece en manos de los trabajadores y únicamente cambia la institución responsable de administrarlos.
El proyecto establece además que trabajadores, pensionados y beneficiarios conservan de manera imprescriptible el derecho de solicitar la devolución de sus recursos o acceder a la pensión correspondiente.
Respecto al proceso legislativo, la propuesta reconoce que no se cumplió con el plazo de anticipación establecido para distribuir el dictamen entre los legisladores, aunque concluye que esta irregularidad no impidió la deliberación ni alteró de manera sustancial el debate parlamentario.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar comenzó operaciones el 1 de julio de 2024 con aproximadamente 44 mil millones de pesos, provenientes de diversas fuentes, entre ellas recursos transferidos desde las Afores, la liquidación de Financiera Rural y aportaciones relacionadas con el Infonavit.
Hasta abril de 2025, cifras oficiales señalaban que más de 55 mil 100 trabajadores habían solicitado la devolución de recursos, por un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos.
La acción de inconstitucionalidad fue admitida en junio de 2024 por la anterior integración de la Suprema Corte. Posteriormente, tras la reforma al Poder Judicial, el máximo tribunal renovó su composición el 1 de septiembre de 2025, aunque tres ministras de la integración previa permanecieron en sus cargos, entre ellas Loretta Ortiz.
De aprobarse el proyecto, la Corte respaldaría la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar y dejaría sin efectos los principales argumentos promovidos por los legisladores opositores contra la reforma.
